Durante los últimos años la flota civil de rescate ha encontrado en los puertos de la Generalitat Valenciana un lugar amigo de refugio. En los puertos de Burriana y Vinaròs las tripulaciones de los barcos de rescate y ayuda humanitaria tenían un lugar para descansar y hacer las labores de mantenimiento para tener los barcos en condiciones óptimas para operar.

Esto era así, porque el gobierno Valenciano eximía del pago de las tarifas portuarias a entidades sin ánimo de lucro como Cruz Roja o los barcos de rescate civiles. Con el cambio de gobierno y presionado por Vox, el Partido Popular cambió esta norma. Vox llevaba tiempo reclamando la expulsión de los barcos de ayuda humanitaria de los puertos valencianos. Así, se ha suprimido esta exención de tasas que contemplaba la ley 2/2014, de 13 de junio de Puertos de la Generalitat.

Pero el Partido Popular ha ido más allá, aplicando un efecto retroactivo y realizando una liquidación de tasas de los últimos cuatros años (hasta 2021). Una suma que asciende a 63.000€ y que de no pagar, supondría recargos por impago.

Por todo ello, denunciamos la agenda racista y xenófoba de la extrema derecha que está decidiendo quién vive y quién muere, qué vidas se deben sacrificar, qué ayuda humanitaria es válida y cuál se debe entorpecer y criminalizar.

Porque la aplicación de estas tasas va a dificultar muchísimo las próximas misiones de Aita Mari (la siguiente prevista para octubre).