SMH ha presentado una querella contra VOX Borriana y contra el concejal y diputado del partido ultraderechista en las Corts Valencianes, Jesús Albiol, por los delitos de calumnias e injurias. El edil acusó al Aita Mari de ser “barco de negreros” y “cooperador necesario de las mafias de tráfico de personas”.
Durante la pasada legislatura algunos de los barcos de salvamento que conforman la flota civil de rescate encontraron en los puertos de Burriana y Vinaròs –de la Generalitat Valenciana– un refugio para descansar de sus misiones y realizar labores de mantenimiento. El Gobierno valenciano aplicó una exención de tasas portuarias para las ONG.
Sin embargo, el actual Consell (dirigido por el PP) decidió acatar una imposición de VOX que reclama las tasas portuarias de los últimos 4 años, que ascienden en el caso del Aita Mari a más de 80.000 euros, tras las últimas liquidaciones. Lo que en la práctica puede suponer la expulsión de la flota de salvamento humanitario de los puertos de la Comunitat.
Contra esta decisión se produjo una movilización ciudadana y una concentración a la puerta del Palau de la Generalitat el día 6 de septiembre de 2024, exigiendo el cumplimiento de la ley. La concentración estaba presidida por una pancarta de SMH que decía “No a l’obstrucció de les ONG’s: RESCATES SIN TASAS”.
En el contexto de estas protestas, el diputado de VOX Jesús Albiol lanzó las mencionadas acusaciones en varios foros públicos y su partido lo replicó en las redes sociales. Es por ello por lo SMH y el capitán del Aita Mari han decidido presentar esta querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y reclamar inicialmente 27.794,75 € por los daños morales y los perjuicios sufridos.
Los partidos de extrema derecha buscan obstaculizar la ayuda humanitaria. Empleando una retórica xenófoba alimentando el miedo de la gente hacia la inmigración cuando lo que vemos, cada vez que salimos al mar, son personas asustadas que huyen del hambre o de las bombas en busca de un futuro mejor.
Frente a las acusaciones de la derecha la labor en la defensa de los derechos humanos y el salvamento de vidas en el mar ha sido declarada de interés público y ha recibido prestigiosos galardones tanto de la sociedad civil como de las instituciones.
Desde que el Aita Mari comenzó a operar en el Mar Mediterráneo en 2019 ha logrado rescatar con vida a 1.328 personas. El número de rescates ha ido aumentando cada año: 79 en 2019; 202 en 2020; 258 en 2021; 288 en 2022; 424 en 2023; y en lo que va de 2024, 77. Una tragedia humanitaria que no se puede detener con políticas antiinmigración porque de lo que huyen es peor que la perspectiva de morir ahogados.
Ninguna condena
A pesar de las exhaustivas investigaciones a las que son sometidos los barcos de rescate tras cada operación, nunca se ha condenado a ninguna embarcación por su labor humanitaria. Es más, la justicia italiana ha anulado detención administrativa del Geo Barents (MSF), “enviando un mensaje tan claro como que solidaridad y el rescate en el mar son derechos fundamentales” y “dejando en evidencia los intentos de criminalizar la ayuda a personas rescatadas en el mar”.
La asistencia en alta mar a embarcaciones en peligro es una obligación legal de los Estados y negar el auxilio en alta mar o dificultarlo mediante el abuso de medidas administrativas “es un acto inhumano que tiene consecuencias legales ante las que tarde o temprano hay que responder”.
Asistencia letrada
Por otro lado, en la decisión de presentar esta demanda de conciliación previa a la querella, se ha decidido buscar la asistencia de la persona que promovió la exención de las tasas en los puertos de la Generalitat. Hemos decidido acudir a Mónica Oltra para que nos asistiera como letrada en este caso ya que, además fue ella, como vicepresidenta de la Generalitat quien propuso en el Gobierno valenciano que los barcos de ayuda humanitaria pudiéramos tener un refugio en los puertos de Burriana y Vinaroz gracias a la exención de las tasas.
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